La SIB-SC advierte que el Decreto 5321 obliga a las empresas a asumir pérdidas con su propio capital y amenaza la continuidad de obras públicas en todo el país.

La Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz (SIB-SC) advirtió que cientos de empresas constructoras, especialmente las que tienen contratos con el Estado, están en riesgo de quebrar debido a un sistema de reajuste de precios que no cubre todos los costos reales de ejecución. Según la entidad, el Decreto Supremo 5321 excluye gastos fundamentales como mano de obra, impuestos, utilidades y equipos, obligando a los contratistas a financiar con su patrimonio una parte sustancial de las obras.

“Esto constituye una transferencia directa de pérdidas desde el Estado hacia las empresas”, explicó el asesor técnico de la SIB-SC, Luis Alberto Soliz. Añadió que el reajuste parcial rompe el equilibrio económico de los contratos y genera una carga insostenible para las constructoras, que ya han comenzado a abandonar licitaciones por falta de condiciones viables.

Desde el punto de vista jurídico, el abogado Jorge Amas calificó la situación como una “expropiación encubierta” del patrimonio privado. La SIB-SC alertó que, de no corregirse con urgencia el Decreto 5321, muchas obras públicas quedarán inconclusas y se profundizará la crisis del sector, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas que no tienen capacidad financiera para absorber estas pérdidas.