El endeudamiento interno del Estado boliviano alcanza cifras históricas en 2024, generando preocupación por sus efectos inflacionarios y la dependencia del Banco Central.  

La deuda interna de Bolivia se acerca al 20% del Producto Interno Bruto (PIB), con un financiamiento acelerado por parte del Banco Central de Bolivia (BCB) al sector público. Según datos oficiales, hasta junio de 2024, el monto otorgado por el BCB alcanzó los Bs 137.942 millones ($us 19.819 millones), superando el total de 2023. Este crecimiento exponencial, que se ha intensificado en la última década, refleja una creciente dependencia del Estado en recursos internos para cubrir sus gastos. Sin embargo, la falta de cifras actualizadas para el segundo semestre de 2024 genera preocupación entre los analistas, quienes anticipan que el endeudamiento podría ser aún mayor. Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, advierte que el BCB se ha convertido en el principal financiador de la deuda interna, funcionando como un “papá” que presta dinero para sostener el gasto público.  

Los datos del BCB muestran un aumento constante del endeudamiento interno desde 2014, cuando el monto otorgado fue de Bs 26.354 millones. Esta cifra se disparó durante la pandemia, alcanzando Bs 84.888 millones en 2020, y continuó creciendo hasta superar los Bs 137.942 millones en el primer semestre de 2024. Romero sostiene que este endeudamiento se utiliza principalmente para gastos corrientes, como salarios y subsidios, en lugar de destinarse a inversiones productivas. “Endeudarse no es malo en sí, el problema es en qué se gasta lo prestado. Si solo se usa para cubrir déficits, la economía se vuelve menos eficiente y crece menos”, afirmó. Además, José Gabriel Espinoza, exdirector del BCB, critica la falta de transparencia en la información sobre la deuda interna, señalando que el gobierno podría estar ocultando el verdadero monto del financiamiento recibido.  

El Ministerio de Economía y Finanzas justifica el endeudamiento interno como una respuesta a la falta de aprobación de créditos externos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Según la cartera de Estado, la deuda interna consolidada representa el 19,6% del PIB, un nivel considerado sostenible.