La Cámara alta modificó la Ley del Presupuesto, que el Gobierno había puesto en vigencia mediante decreto, sobre todo, para anular el decomiso arbitrario de alimentos.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, acusó al Senado de realizar un «sabotaje conspirativo» al aprobar un proyecto que deroga 11 artículos y cinco disposiciones de la Ley del Presupuesto, entre ellas, la norma del Gobierno en el que se daba la facultad de decomisar alimentos cuando considere que estén caros.

“Ayer han aprobado un proyecto de ley para estrangular a la economía nacional. Lo que hizo el Senado fue un sabotaje a la economía nacional, con el pretexto de la disposición séptima (sobre confiscaciones y decomisos) eliminaron varios artículos”, afirmó Montenegro en conferencia de prensa.  

El proyecto elimina normas clave relacionadas con el financiamiento mediante bonos soberanos, bonos de carbono y otros instrumentos financieros, lo que, según el ministro, limitará la capacidad del Gobierno para ejecutar su política económica. “El PGE es un medio que tiene la finalidad de ejecutar la política económica del país y necesita financiamiento que puede venir de la emisión de bonos y otros instrumentos financieros”, explicó. Además, se eliminan incentivos a la industrialización, como la reducción de aranceles al IVA, y se afectan las facilidades de pago para más de 50.000 contribuyentes.  

Montenegro también destacó que el proyecto elimina el apoyo a la producción de biodiésel, la promoción de vivienda social y la subvención de alimentos e hidrocarburos. “Afectará a entidades públicas, a las entidades autónomas territoriales, a las universidades, alcaldías; generando inseguridad jurídica sobre el funcionamiento estatal. Incluso las remuneraciones salariales están en peligro para salud y educación”, señaló. El ministro aseguró que esta medida refleja la intención de algunos senadores de obstaculizar la política económica del Gobierno.  

El proyecto de ley, que ahora pasará a la Cámara de Diputados para su aprobación. Es previsible que como todas las normas que el Gobierno cree que le perjudican, el Presidente de Diputados ni siquiera llame a sesión para su tratamiento y análisis.