El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, anunció que se elaborará un decreto supremo para aclarar que la disposición séptima del PGE no afectará a los comerciantes minoristas.

En las reuniones entre el Gobierno y representantes de los gremiales sobre la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza la confiscación y decomiso de productos y alimentos, se propuso la elaboración de un decreto supremo para aclarar que la norma no afectará a los comerciantes minoristas. «La propuesta de decreto supremo es una propuesta aclarativa, que aclara el objeto y el alcance de la disposición séptima. Estamos planteando los alimentos esenciales de la canasta familiar y la exclusión del sector gremial y comercio minorista», informó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.  

Silva lamentó que la mayoría de las instituciones invitadas al diálogo, como industriales, productores, empresarios y exportadores, hayan rechazado la convocatoria, lo que impidió que recibieran la propuesta. El viceministro consideró que esta inasistencia refleja un interés político detrás de las demandas de los sectores privados. «Ya es más una propuesta política. Ellos no son tontos, saben lo que están pidiendo», criticó la autoridad.  

Reiteró que el pedido de derogación de la disposición séptima es inconstitucional, ya que esa competencia corresponde a la Asamblea Legislativa y no al presidente Luis Arce. Silva aseguró que el decreto en preparación demuestra que el Gobierno nunca tuvo la intención de perjudicar a los gremiales. «No tenemos ninguna dificultad de establecer en el proyecto de decreto supremo que el alcance de la disposición séptima excluye al sector gremial del comercio minorista», afirmó.