El Tercer Encuentro Multisectorial en Sucre ratificó su postura sobre la intención del Gobierno de disponer el decomiso arbitrario de productos que considere “caros”.

El Tercer Encuentro Multisectorial de la Cadena Productiva, realizado este jueves en Sucre, determinó un paro nacional movilizado para el 10 de febrero en caso de que no se derogue la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE). Representantes de cámaras empresariales, gremiales y transportistas se reunieron en la Cainco Chuquisaca para analizar esta disposición, que consideran confiscatoria, y abordar otros temas críticos como la escasez de combustibles y dólares. Los sectores descartaron acudir a un diálogo con el Gobierno si no se atiende su principal demanda: la derogación de la norma.  

César González, dirigente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, cuestionó la disposición séptima al preguntar: “¿Quién va a determinar, quién va a ser el que va a decir está vendiendo caro o está vendiendo barato?”. Los sectores productivos rechazan esta medida, que autoriza confiscar productos a quienes sean acusados de agio y especulación, argumentando que es una herramienta que puede ser usada de manera discrecional y afecta directamente a los productores y comerciantes.  

Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, expresó su rechazo a la disposición y señaló que los sectores productivos no especulan, sino que producen. “Creo que no es necesario llegar al 10 de febrero. Quiero dejar una frase muy clara: nosotros no especulamos, nosotros producimos”, afirmó Camacho, quien espera que el Gobierno atienda las demandas antes de que se concrete el paro nacional.  

El encuentro multisectorial también abordó otros temas críticos, como la escasez de combustibles y la falta de dólares, que han agudizado la crisis económica en el país. Los participantes dirigieron sus demandas tanto al Ejecutivo como al Legislativo, exigiendo soluciones concretas y rechazando cualquier intento de diálogo que no incluya la derogación de la disposición séptima.  

El paro nacional movilizado del 10 de febrero se perfila como una medida de presión para que el Gobierno atienda las demandas de los sectores productivos, quienes insisten en que la disposición séptima es perjudicial para la economía y debe ser eliminada.