Autoridades criticaron la postura «política» de los empresarios y anunciaron que insistirán en el diálogo para reglamentar la norma sobre decomisos, mientras amplían la convocatoria a otros sectores.  

El Gobierno nacional expresó su preocupación por la inasistencia de los dirigentes de los empresarios y productores al diálogo convocado para debatir la reglamentación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado, que faculta el decomiso de productos en casos de especulación de precios. El ministro de Justicia, César Siles, calificó la postura de los privados como «política» y aseguró que la norma fue «satanizada», mientras reiteró el llamado al diálogo para garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales.  

Siles explicó que las organizaciones convocadas, como la Cámara Nacional de Industria (CNI) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), justificaron su ausencia con notas en las que expresaron su rechazo a la disposición. Sin embargo, el ministro insistió en que el Gobierno mantendrá su llamado al diálogo constructivo. «Lo único que el Gobierno pretende es asegurar la disposición de alimentos esenciales para la población», afirmó Siles, quien recordó que las medidas de control y fiscalización ya son aplicadas por autoridades municipales y nacionales.  

El ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores, señaló que esta es la segunda vez que los empresarios se niegan a dialogar, pero anunció que se ampliará la convocatoria a otros sectores, como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y la Cámara de Pequeños Productores del Oriente. Flores destacó que se buscará dialogar directamente con las bases de estos sectores para lograr acuerdos positivos.  

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, confirmó que este miércoles se reunirá con representantes de los gremiales, quienes ya han confirmado su asistencia. Mientras tanto, los dirigentes del sector privado anunciaron una reunión el 30 de enero en Sucre para definir futuras acciones, manteniendo su postura de exigir la anulación de la disposición séptima. El Gobierno reiteró su compromiso de avanzar en la reglamentación de la norma, insistiendo en la importancia del diálogo para garantizar la estabilidad de los precios y el abastecimiento de alimentos.