La postura de comerciantes, industriales, productores y transportistas es exigir la anulación de la norma que establece que el Gobierno puede decomisar alimentos porque cree que están caros.

Los gremiales mantienen su rechazo a la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza a entidades competentes a decomisar productos alimenticios, y cuestionan la reciente convocatoria al diálogo emitida por el Gobierno. Dirigentes consideran que la medida es confiscatoria y reiteraron su exigencia de que sea abrogada.

Edgar Álvarez, máximo dirigente gremial en Santa Cruz, manifestó su escepticismo sobre la voluntad del Gobierno. «El diálogo se debió haber hecho en su momento, antes de lanzar leyes que son confiscatorias. No creemos en sus intenciones después de lo dicho por el presidente Arce», señaló. Además, criticó los comentarios del mandatario sobre los «buenos gremiales», calificándolos de discriminatorios.

En El Alto, Toño Siñañi, otro dirigente gremial, acusó a Luis Arce de mentir al afirmar que el diálogo está abierto. “Hace semanas enviamos una carta solicitando una mesa de diálogo, pero no hubo respuesta. Con esta disposición buscan robar la mercadería, como ya ocurre con Emapa”, declaró. Además, advirtió que su sector iniciará movilizaciones escalonadas desde esta semana, sin esperar al plazo definido por otros gremios.

Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, defendió la disposición séptima como una herramienta para combatir el agio y la especulación, y reiteró la disposición del Gobierno para abrir un espacio de consenso. Mientras tanto, el sector gremial confirmó un ampliado multisectorial para el 30 de enero como plazo definitivo para buscar una solución, advirtiendo que, de no obtener una respuesta satisfactoria, se activarán movilizaciones nacionales a partir del 10 de febrero.