Pese al amplio rechazo a su medida, el Gobierno insiste en que decomisar alimentos que considera caros o acopiados para elevar su precio, beneficia a la gente.

El Gobierno reafirmó su postura en cuanto a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que establece el decomiso discrecional de productos por parte del Ejecutivo. Pese a la oposición de productores, transportistas y comerciantes, el Gobierno no ha cambiado el discurso de que no cambiará la disposición porque, supuestamente, beneficia a la ciudadanía.

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, dijo en entrevista con ue la disposición no está dirigida a perjudicar al sector productivo, sino a garantizar el abastecimiento de alimentos para las familias bolivianas. “Ese artículo del PGE está orientado a proteger y garantizar el abastecimiento de los alimentos que se producen en el territorio nacional”, destacó el ministro.

La disposición confiscatoria permite a las autoridades decomisar productos que se consideren “caros” o que se acopian con el objetivo supuesto de incrementar su costo más adelante. Esta medida ha sido rechazada por el sector productivo, gremial, empresarial e industrial, quienes la consideran una violación a la propiedad privada y temen su aplicación de manera arbitraria. 

A pesar de las protestas, el Gobierno se mantiene en su decisión y ha intentado convencer a todos los sectores en emergencia de que no los perjudicarán, sin éxito.