Según el Ejecutivo, la diferencia de precios de los alimentos bolivianos con los del exterior hace que haya gente que los almacene y los saque del país, provocando escasez.

El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, defendió la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que permite el decomiso arbitrario de productos comercializados con supuesto sobreprecio. La medida busca combatir el contrabando y garantizar el acceso a productos nacionales a precios justos, aunque ha sido duramente criticada por sectores gremiales.

Silva explicó que la norma está orientada a proteger la economía nacional y al sector productivo frente a prácticas ilegales. Según indicó, el acaparamiento y la exportación ilícita de alimentos son actividades impulsadas por organizaciones criminales que aprovechan las diferencias de precios con países vecinos. “Es una norma que necesitamos para seguir avanzando y luchar contra esta actividad que afecta la economía del país”, señaló en una entrevista con UNITEL.

La Confederación Nacional de Gremiales manifestó su rechazo categórico, argumentando que la disposición abre la puerta a posibles abusos de autoridad. El sector dio al Gobierno un plazo de 14 días para derogar la norma, advirtiendo que, de lo contrario, iniciarán movilizaciones y bloqueos a nivel nacional. “Esta medida afecta directamente a los pequeños comerciantes que luchan día a día por sobrevivir”, señaló un representante gremial.

El viceministro, sin embargo, subrayó que la medida también busca brindar seguridad jurídica al sector productivo y proteger a los consumidores. Según Silva, los operativos de decomiso se centrarán en garantizar el acceso a productos esenciales y prevenir el desabastecimiento generado por el contrabando.