En caso de que no se anule la disposición, volverán con las movilizaciones hasta que la disposición de decomiso arbitrario, se anule definitivamente.

El sector gremial de Bolivia cuestionó la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que faculta a las autoridades a decomisar productos alimenticios, y pidió su eliminación antes del 31 de enero. De no cumplirse este plazo, los gremiales advirtieron con reactivar movilizaciones en todo el país.

La disposición permite a las entidades competentes realizar acciones de control, fiscalización, y decomiso de productos a aquellos que almacenen o encarezcan alimentos esenciales. Este artículo generó preocupación entre empresarios, gremiales y productores, quienes consideran que la norma podría afectar gravemente su actividad comercial. Jesús Cahuana, dirigente gremial, enfatizó que, de no retirarse, se reiniciarán las movilizaciones en todo el territorio nacional.

El viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, explicó que la aplicabilidad de la disposición está en «pausa» y que su implementación solo se llevará a cabo una vez que se complete la reglamentación en conjunto con los sectores afectados. Silva aseguró que la norma no afectará a los gremiales ni comerciantes minoristas, buscando evitar malentendidos.

Sin embargo, a pesar de las aclaraciones del Gobierno, los gremiales siguen preocupados por los efectos de la medida, lo que podría desencadenar nuevas protestas si no se llega a un acuerdo sobre su contenido y aplicación antes de la fecha límite.