Piden que se derogue el artículo que se encuentra en la Ley del Presupuesto, aprobada sin debate y solo mediante decreto del Gobierno.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) reiteró su exigencia de derogar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que autoriza la confiscación de productos en casos de encarecimiento o retención. El sector advierte que esta medida vulnera derechos constitucionales y afecta la seguridad jurídica en el país.

La disposición, incluida en el PGE y ya en aplicación, faculta a las autoridades a realizar controles, fiscalización y confiscación de productos en caso de prácticas que afecten la disponibilidad de alimentos esenciales. Además, establece la obligación de los actores de la cadena productiva de declarar información sobre sus actividades, bajo la condición de confidencialidad según la reglamentación emitida por los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo. Aunque el Gobierno ofreció trabajar en la reglamentación, la CNI y otros sectores productivos, microempresarios y gremiales han expresado su rechazo.

Pablo Camacho, presidente de la CNI, criticó la disposición por promover la arbitrariedad y el decomiso, lo que considera una violación a derechos fundamentales como el trabajo, el comercio, la propiedad privada y el patrimonio. “Solicitamos la inmediata derogación de esta disposición porque desalienta la inversión y genera un clima de inseguridad jurídica en detrimento de la economía nacional”, afirmó en conferencia de prensa. Además, llamó al presidente Luis Arce y a la Asamblea Legislativa a no profundizar la incertidumbre en el sector productivo.

Camacho advirtió que medidas como esta pueden interrumpir el aparato productivo y fomentar la informalidad.