El Ejecutivo promulgó directamente el Presupuesto y emitió de inmediato 4 decretos reglamentarios que tenían listos.

Este jueves, el Gobierno de Luis Arce puso en vigencia el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, a través de cuatro decretos, sin someterlo al debate en la Asamblea Legislativa. Según la Constitución, si la Asamblea no aprueba el presupuesto en 60 días, este adquiere fuerza de ley. El Ejecutivo aprovechó esta disposición para evitar el proceso legislativo y poner en marcha un presupuesto que ya ha sido objeto de numerosas críticas.

Los cuatro decretos reglamentan aspectos clave del PGE 2025 y estaban listos para publicarse y promulgarse. El primero establece un 0% de aranceles para bienes de capital en los sectores agropecuario, industrial, construcción y minería. El segundo crea un IVA 0 para empresas importadoras de hidrocarburos y otorga exenciones a aquellas que reinviertan sus utilidades en el país. El tercero elimina impuestos a los empresarios que importen bienes de capital para la construcción de empresas productivas.

Además, los decretos también incluyen medidas que buscan fomentar la inversión interna, como la exención de impuestos para las empresas que reinviertan en Bolivia, lo que podría beneficiar principalmente a grandes corporaciones. Sin embargo, la falta de debate en la Asamblea ha levantado críticas tanto desde la oposición como de diversos sectores de la sociedad, que señalan que la falta de discusión legislativa impide un mayor escrutinio y control sobre las decisiones económicas del gobierno.

El cuarto decreto reglamenta el propio PGE 2025, aunque el ministro de Economía no especificó qué artículos fueron concretamente reglamentados. A pesar de la promulgación, la decisión del Ejecutivo de evitar el debate en la Asamblea ha generado críticas, ya que se percibe como una falta de transparencia y un desdén hacia el control legislativo.