Una nueva resolución de la UIF regula las operaciones con criptomonedas en Bolivia, obligando a los proveedores de servicios a registrarse y a reportar movimientos sospechosos.

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) emitió una Resolución Administrativa que designa como sujetos obligados a las personas naturales y jurídicas que operen como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). La medida busca controlar las operaciones con criptomonedas para evitar su uso en legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.

La normativa establece que los PSAV que realicen actividades como intercambio entre criptomonedas y monedas FIAT, transferencias de activos virtuales, custodia y administración de estos activos, o servicios relacionados con la oferta y venta de activos virtuales, deberán registrarse ante la UIF en un plazo de 30 días. Además, estarán obligados a reportar operaciones sospechosas según las disposiciones vigentes para otros sectores financieros.

El analista financiero Jaime Dunn explicó que esta resolución apunta a revelar el flujo de transacciones con criptomonedas, identificando compradores y vendedores. Señaló que la medida responde a estándares internacionales en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, aunque cuestionó si es proporcional exigir estos controles a pequeñas operaciones con activos digitales mientras transacciones similares con dinero en efectivo no enfrentan requisitos similares.

Según Dunn, la implementación de esta normativa implicará que todas las transacciones con criptomonedas en el país estarán sujetas a supervisión directa de la UIF, alineando a Bolivia con prácticas internacionales, pero también generando posibles retos operativos para pequeños operadores en este mercado emergente.