El incremento de la masa salarial en el sector público contrasta con los desafíos económicos que enfrenta Bolivia y podría agravar la inflación en 2025.

El Proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 incluye un incremento del 5,7% en los sueldos del sector público, alcanzando Bs 51.895 millones. Esta cifra representa un 17,5% del total del presupuesto consolidado de gastos, lo que ha generado críticas entre economistas que advierten sobre un posible impacto inflacionario, considerando que el gasto corriente también aumentará un 12%.

El Ministerio de Economía justificó el incremento señalando que más del 54% del presupuesto para salarios se destinará a educación y salud. Sin embargo, expertos como Gonzalo Chávez consideran que este aumento refleja un ajuste inflacionario previsto, con la posibilidad de que los precios suban en proporción al gasto corriente. «Es un presupuesto que niega la crisis económica y se enfoca en sostener el relato oficial», afirmó.

Para el analista Roger Banegas, este ajuste salarial en un año electoral podría desencadenar un «shock para el sector productivo», con un aumento en los costos y en los precios finales. Mientras tanto, el economista Alberto Bonadona calificó de «alarmante» el crecimiento constante de los gastos corrientes, que considera insostenible en el contexto de la actual crisis económica.

En paralelo, la Fundación Jubileo advirtió que este presupuesto refleja una constante dependencia del endeudamiento externo y la expansión del gasto público, dejando a Bolivia con un déficit fiscal profundo y mayores riesgos financieros para el futuro.