De aplicarse la decisión, el beneficio dejará de ser universal. Se aplicarán recortes a personas mayores de 60 años, mientras se mantiene el gasto público en funcionarios públicos estatales.

El Gobierno de Bolivia proyecta que, a partir de 2025, la Renta Dignidad ya no se pague a jubilados, accionistas de empresas privadas, directores de sociedades comerciales ni a beneficiarios de gastos funerarios. Según el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, esta medida busca priorizar a los adultos mayores que no perciben ingresos adicionales y garantizar la sostenibilidad del programa. Sin embargo, con este ajuste, el beneficio dejaría de ser universal, una característica que lo ha definido desde su origen como Bonosol en 1997.

El cambio ha generado críticas en sectores sociales, especialmente entre los jubilados. Rodolfo Ayala, dirigente del nuevo sistema integral de pensiones, rechazó rotundamente la propuesta. «No vamos a permitir eso. Rechazamos esta medida porque la Renta Dignidad dejaría de ser universal. No nos interesa lo que pasa en la parte económica del país», declaró al medio Visión 360. Según Ayala, la exclusión de ciertos grupos traería consigo una inequidad que va en contra del espíritu original del bono.

Actualmente, la Renta Dignidad beneficia a 1.197.218 personas mayores de 60 años en todo el país. En 2023, el programa distribuyó 5.106 millones de bolivianos, según datos de Jaime Durán, gerente general de la Gestora Pública, con una cobertura que incluyó a un 54% de mujeres. Aunque los montos y modalidades han variado a lo largo de los años, el objetivo siempre ha sido ofrecer un ingreso básico a todos los adultos mayores, independientemente de sus aportes a la seguridad social.

La propuesta de exclusión, que aún debe ser debatida en la Asamblea Legislativa, pone en evidencia las tensiones entre la sostenibilidad fiscal y los derechos sociales. Mientras el Gobierno insiste en que los ajustes son necesarios para garantizar el futuro del programa, sectores afectados se preparan para movilizarse en defensa de un beneficio que, por más de dos décadas, ha sido un símbolo de protección social en Bolivia.